Tras debatir durante 11 sesiones a lo largo de cinco meses —desde el 13 de agosto de 2024 a la fecha—, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó en particular este miércoles el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece medidas para la prevención y alerta de actividades relacionadas con el crimen organizado (Boletín 15975-25), que se tramita con urgencia inmediata y cuyo objetivo es “facilitar la persecución de la ruta del dinero proveniente del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado”. Ahora deberá ser votado en la Sala para iniciar luego el segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Esta iniciativa legal refuerza al ecosistema de inteligencia y análisis económico mediante el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) —al extender sus actuales atribuciones para perseguir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo también al crimen organizado—; y la creación de unidades de inteligencia en los servicios de Impuestos Internos (SII) y Aduanas; junto con hacer más expeditas las tareas de inteligencia dirigidas a la búsqueda, obtención, recolección, evaluación, integración, producción, análisis, tratamiento, almacenamiento e intercambio de datos e información respecto de actividades económicas vinculadas a determinados delitos, económicos, tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y prácticas terroristas. 

En esta última sesión se acordó incorporar un inciso nuevo al artículo N°1 de la Ley N° 19.913 que creó la Unidad de Análisis Financiero, donde tras establecer que su objeto es “prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de alguno de los delitos descritos en los artículos 27 o 28 de esta ley, los delitos vinculados al crimen organizado, y en el artículo 8º de la ley N° 18.314”, se define que “para estos efectos, se entenderá como crimen organizado el conjunto de actividades que llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con el propósito de cometer delitos y lucrar”.

Además, si bien se mantuvo el requisito de autorización judicial como regla general para que la UAF requiera ante las instituciones financieras el levantamiento del secreto bancario, en la sesión del martes se aprobó una indicación que incorporó tres excepciones para acceder a la información protegida por secreto bancario o reserva por vía administrativa en el caso de existir reportes de operaciones sospechosas (ROS): que el ROS haya sido levantado por un banco, teniendo presente que en este caso la UAF ya accedió a la información protegida por secreto bancario; ROS referido a un funcionario público, lo que establece un estándar más exigente por existir el riesgo de uso de recursos fiscales en operaciones ilícitas; y ROS referido a una persona jurídica, considerando que esta figura no tiene derecho a la vida privada y la legislación tampoco le reconoce datos personales. Asimismo, la UAF podrá solicitar autorización judicial para acceder a la información de más de una persona, siempre que se relacionen con el análisis de operaciones vinculadas a crimen organizado. 

En marzo de cada año, la UAF deberá publicar información agregada sobre la cantidad de veces que ejerció esta facultad en el año calendario precedente y la cantidad de personas a cuya información accedió y la causal que habilitó el requerimiento directo. Asimismo, deberá informar el número de personas cuya información bancaria se incorporó en el análisis de informes remitidos al Ministerio Público. 

También se aprobó una indicación que permitirá a inmigrantes empadronados biométricamente, sin antecedentes penales, solicitar la apertura y contratación de productos y servicios financieros dentro de los 12 meses siguientes a la publicación de esta ley.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner —quien lideró en esta última etapa la tramitación por parte del Ejecutivo junto a la coordinadora legislativa de Hacienda, Consuelo Fernández— destacó el minucioso análisis y el arduo debate desarrollado en esta comisión, y que muchas de las indicaciones del Ejecutivo recogieron criterios planteados por los senadores y sus asesores: “A la luz del panorama actual, en que todos los días vemos como bandas se han incluso profesionalizado para delinquir, es clave apurar el tranco en esta materia para perseguir el crimen organizado y combatirlo de la manera más eficaz, que es persiguiendo la ruta del dinero ilícito. Esperamos poder celebrar prontamente el despacho a ley de este proyecto en la sala del Senado”. Destacó que con este nuevo marco legal la UAF, SII y Aduanas —todas instituciones dependientes del Ministerio de Hacienda— asumirán un rol más exigente en la investigación económica del crimen organizado.
 
Entre otras disposiciones aprobadas previamente están aquellas que crean el nuevo Subsistema de Inteligencia y Análisis Económico y establecen sus competencias, así como deberes para los funcionarios que lo integren; y se ajustaron normas relativas a delitos asociados a juegos de azar y apuestas, acogiendo las recomendaciones del Ministerio Público para evitar duplicidades con el proyecto de ley que busca regular las plataformas de apuestas en línea.