En la misma línea, destacó que “podemos darle la buena noticia a las funcionarias y funcionarios del sector público que podrán recibir a partir de los próximos días el reajuste para el 2022-23, además de una serie de otros beneficios, incluyendo bonificaciones, aguinaldos y algunas otras medidas de ese tipo. Estamos muy satisfechos de haber dado este paso, y, sobre todo, hacerlo sobre la base de un acuerdo con la mesa del sector público, con las organizaciones representativas de la enorme mayoría de los funcionarios públicos”.

Cabe recordar que el proyecto fue ingresado al Congreso luego de que el Gobierno, representado por los ministros Jara y Marcel, firmara el 2 de noviembre un protocolo de acuerdo con 14 de los 16 gremios que forman parte de la Mesa del Sector Público, y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Contenido adicional del proyecto

La iniciativa que contiene el reajuste al sector público, regula -además de lo mencionado anteriormente- aspectos adicionales al guarismo, aguinaldos y otros beneficios. Entre ellos, los siguientes:

• Planes de incentivo al retiro:

El proyecto propone prorrogar, de forma excepcional, el plazo de postulación a las leyes de incentivo al retiro para las personas que, al 1 de enero de 2023, tengan 70 o más años y cumplan los demás requisitos que regulan esos incentivos.

Además, establece un beneficio para funcionarios municipales y trabajadores de cementerios municipales que, habiendo postulado en el proceso del año 2021 al incentivo al retiro del sector municipal y que hubieren quedado en el listado con derecho preferente, podrán acceder anticipadamente al cupo respectivo en caso de padecer enfermedades terminales o Alzheimer, debidamente acreditado.

Se prorroga hasta el 31 de mayo de 2023 el plazo para solicitar el bono post laboral, establecido en la Ley 20.305, para los exfuncionarios y exfuncionarias que, cumpliendo los requisitos legales para acceder a él, no presentaron la solicitud para impetrar dicho bono o que habiéndolo solicitado no hubiesen accedido por motivos no imputables a ellos.

• Normas de trabajo remoto:

Se considera una transición desde la modalidad actual de trabajo remoto producto de pandemia del Covid-19 a una situación de régimen de Teletrabajo en el Estado. En este sentido, el proyecto faculta a jefes de servicio y rectores de universidades estatales a eximir del control horario a un porcentaje máximo de la dotación de su personal, para lo cual deben regular, entre otros, las funciones susceptibles a ser desempeñadas bajo modalidad de trabajo remoto; mecanismos de rendición de cuentas de las labores encomendadas que aseguren el correcto desempeño de la función pública; protocolos de seguridad y derecho a desconexión de funcionarios.

De acuerdo con la agenda acordada entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, una mesa de trabajo desarrollará el seguimiento periódico de la implementación de esta normativa y abordará la discusión de una regulación legal permanente sobre Teletrabajo en el sector público.

• Contratación de honorarios en municipalidades y universidades estatales:

Para la adecuada implementación del dictamen de Contraloría General de la República, y en línea con el proceso gradual para la administración central que se ha iniciado en la Ley de Presupuestos recién promulgada, el proyecto de ley de reajuste precisa las funciones que pueden ser ejercidas como honorarios en municipalidades y universidades estatales, y permite la gradualidad de este proceso.

En el caso de las municipalidades, se faculta al traspaso de honorarios a Código del Trabajo. Para facilitar este proceso, en un lapso de cuatro años se realizarán aportes a los municipios para apoyar en forma transitoria (por dos años) a cubrir parte del mayor costo producto del traspaso

Lo anterior, se aplicará cuando el personal a honorarios no pudiera ser traspasado a cargos a contrata.

Por otro lado, y para viabilizar la tramitación legislativa del proyecto de reajuste, el Gobierno se comprometió, a través de la firma de un acuerdo con senadores, a constituir durante el mes de enero del próximo año una mesa de trabajo tripartita integrada por representantes de alcaldes y alcaldesas, de los trabajadores y trabajadoras municipales, incluidos los que se desempeñan en calidad de honorarios; y el Ejecutivo, el que estará representado por el Ministerio del Trabajo, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y la Dirección de Presupuestos.

Ello, con el objetivo de abordar una solución integral a la situación del personal que se desempeña a honorarios en los municipios. Las propuestas que surjan de esta mesa deberán ser evacuadas durante el segundo semestre.

Por el lado de las universidades estatales, el Ejecutivo comprometió un estudio comparado de remuneraciones en el sector público y privado. En ese sentido, y en el marco de la mesa sectorial tripartita de universidades estatales, se desarrollará un seguimiento del proceso de regularización de honorarios definidos en la ley de reajuste.

• Medidas para apoyar la revinculación y la retención de estudiantes:

Se faculta a los sostenedores de establecimientos educacionales a utilizar en 2023, y de forma extraordinaria, los saldos en la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para el desarrollo de planes y acciones que tengan por objeto la revinculación o continuidad de trayectoria educativa de estudiantes con riesgo o en situación de abandono educativo.

Asimismo, se permite que, con cargo a la subvención pro retención los sostenedores desarrollen actividades destinadas a asegurar la continuidad y trayectoria educativa integral de los y las estudiantes que tengan un riesgo de abandono educativo, tales como planes y acciones de retención y continuidad educativa, y la mantención de un equipo escolar de acompañamiento para dichos fines, entre otras.