El Gobierno inició hoy la tramitación en el Congreso del proyecto de ley de “Regiones más Fuertes”, iniciativa anunciada a fines de abril y que busca avanzar en financiamiento, descentralización y responsabilidad fiscal regional, siendo uno de los pasos más relevante en esta materia en las últimas tres décadas.

En la sesión de la Sala de la Cámara de Diputados se dio cuenta del ingreso del proyecto con suma urgencia y fue derivado para su análisis a la Comisión de Hacienda. Con esta iniciativa se busca disminuir las brechas internacionales asociadas a ingresos, gasto e inversión frente a países desarrollados; avanzar sustantivamente en modernización del Estado; y combinar mayores grados de autonomía fiscal con más y mejores mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, control y probidad en el uso de recursos públicos.

En un punto de prensa en el Congreso junto a la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), el ministro de Hacienda, Mario Marcel sostuvo que "esta es una iniciativa que involucra más recursos, con más flexibilidad y con mayor responsabilidad en materia de administración de parte de las propias autoridades regionales. Este es un proyecto que constituye el salto más importante que vamos a tener en materia de descentralización fiscal desde la vuelta a la democracia. Al mismo tiempo, es la iniciativa más importante en materia de modernización del Estado y de la gestión pública que vamos a tener durante este período. Y finalmente va a ser un aporte a la productividad y la competitividad de las regiones”.

Asimismo, llamó a los parlamentarios a priorizar esta iniciativa: “este es un proyecto que se ha elaborado en conjunto con los gobernadores. Esperamos que tenga una positiva acogida en la tramitación legislativa, que reciba la prioridad que merece para transferir poder y responsabilidad a los gobiernos regionales y a través de ellos a las comunidades regionales”.

Por su lado, el presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile (Agorechi), Ricardo Díaz comentó que “esta iniciativa significa que los gobiernos regionales van a poder tener rentas propias, van a poder administrar sus recursos con mayor autonomía, sin estar dependiendo de tantos permisos administrativos y burocráticos como hoy tenemos".

El también Gobernador de Antofagasta agregó que una decena de gobernadores se desplegó en el Congreso para conversar con los parlamentarios de las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado, “porque nos interesa que también nuestros parlamentarios vean la importancia de este proceso para cada uno de los territorios. Queremos compartir con ellos esta buena noticia, queremos que ellos tengan, tengan esta complicidad con nosotros para que juntos le demos al país una buena noticia, un buen ámbito de autonomía para el Gobierno regional y que esto permita que las regiones crezcan mucho más”.

Sobre el ingreso del proyecto de ley al Congreso, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo añadió que "es un gran día para la descentralización. El Gobierno del Presidente Gabriel Boric se ha propuesto avanzar decididamente en fortalecer los gobiernos regionales y locales para cumplir con la promesa de terminar su mandato con menos poder que con el que entró, y el proyecto de ley de 'Regiones Más Fuertes' avanza en un componente de la descentralización que es tremendamente relevante, que es la descentralización fiscal”.

Además, afirmó que “con este proyecto de ley estamos avanzando en fortalecer no solamente el rol de los gobiernos regionales y de los consejos regionales, sino que estamos acercando las decisiones a las personas. Avanzar en descentralización es relevante cuando es sistemática, y cuando hacemos más eficiente y más eficaz al Estado para responder a las necesidades de la población”.

Principales aspectos del proyecto

La iniciativa “Regiones Más Fuertes” ingresada hoy se estructura sobre tres ejes principales:  

• Modificaciones de las actuales fuentes de ingresos de los Gobiernos Regionales, cambios sustantivos a los actuales fondos, particularmente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y otras transferencias del Gobierno Central. También reconoce la facultad para establecer derechos regionales, por ejemplo, asociados a concesiones nacionales de uso público y permisos por el uso de bienes fiscales, entre otras modificaciones.

• Mayor autonomía y flexibilidad presupuestaria a los Gobiernos Regionales para decidir sobre el destino de sus ingresos, junto con establecer un régimen financiero propio, con mejores instrumentos de gestión presupuestaria. Entre algunos ejemplos de cambios se puede mencionar el nuevo tratamiento para los Gobiernos Regionales en las leyes de Presupuestos ya que dejarán de estar en una partida presupuestaria para pasar a ser parte de las transferencias del Tesoro, y la creación de un nuevo régimen presupuestario pues el Congreso revisará el monto global del presupuesto, pero la decisión de esos recursos la establecerán los gobiernos regionales a partir de discusiones en los consejos regionales.

• Se fortalecen las herramientas de responsabilidad, disciplina fiscal, la rendición de cuentas, la transparencia en el manejo de los recursos y la participación ciudadana para resguardar la probidad en la función pública regional.

• Se creará una regla fiscal regional cuya especificación estará a cargo del Ministerio de Hacienda, y se exigirá a los gobiernos regionales confeccionar una programación financiera de mediano plazo.

Otro aspecto relevante es que se abre la posibilidad a los gobiernos regionales de solicitar autorización al Ministerio de Hacienda para poder financiar iniciativas de inversión relevantes para el desarrollo regional mediante operaciones de crédito público, una herramienta vigente en la actualidad para servicios y empresas públicas, por ejemplo. Estas operaciones podrán suscribirse con organismos internacionales multilaterales con experiencia implementando iniciativas de desarrollo, como la Corporación Andina de Fomento (CAF).

En resumen, el proyecto mejorará la arquitectura fiscal de los gobiernos regionales para entregarles más facultades presupuestarias y más mecanismos de control, para que también los recursos que lleguen de otras iniciativas, como el Royalty a la Gran Minería (que destina US$ 450 millones para distribuir entre regiones y comunas del país), se utilicen de manera más efectiva, eficiente y respondan a las urgencias territoriales.

Ambas iniciativas permitirán aumentar la participación de ingresos subnacionales en los ingresos fiscales totales de 17% a 20%, reduciendo en un tercio la brecha con la mediana de los estados unitarios de la OCDE.