El Ministerio de Hacienda ingresó hoy al Congreso el proyecto de ley que reforma y expande la Alta Dirección Pública. La iniciativa fortalece las atribuciones del Sistema de ADP y busca profesionalizar los cargos de segundo nivel jerárquico en el Estado y evitar que sean removidos por los sucesivos gobiernos por razones que no sean estrictamente fundadas.

Esta iniciativa es parte de la agenda de modernización anunciada por el Presidente, Sebastián Piñera, que incluye el envío de proyectos de ley para expandir el mérito en el Estado y modernizar los gobiernos corporativos de las empresas públicas. 

Una de las modificaciones más relevantes que se propone es justamente el fortalecimiento del Sistema de Alta Dirección Pública. Para ello se establece que las decisiones de continuidad de los directivos de segundo nivel jerárquico, entre los que se cuentan más de 1.000 directores regionales y subdirectores de servicios públicos, deben basarse en mérito y no depender exclusivamente de la confianza de la autoridad de turno. 

Actualmente, la permanencia en los cargos de segundo nivel jerárquico es de 3 años. Con esta reforma se pretende dar mayor continuidad al desarrollo e implementación de políticas públicas, desacoplándolo del ciclo político.

“La pandemia nos mostró la importancia de un estado moderno y ágil al servicio de la ciudadanía, y esta agenda de reformas institucionales avanza en la dirección correcta. La forma de recuperar la confianza y la legitimidad de las instituciones públicas es con más mérito y más transparencia. Esta iniciativa busca expandir el mérito en el estado y avanzar en su profesionalización, para entregar un mejor servicio a todos los chilenos”, dijo el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.   

El Subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, agregó que, además de sumar más instituciones a la ADP, “en lo medular, estamos proponiendo un cambio en las reglas de egreso, para que ahora la permanencia de los gerentes públicos se base en su desempeño y no en motivos de confianza política. Esto es fundamental, porque entrega mayor continuidad operacional al servicio público y desvincula del ciclo político a quienes son los responsables de ejecutar políticas de Estado”.

El proyecto ingresado al Congreso modifica la ley 19.882, en los siguientes términos:

Se expande el mérito de la Alta Dirección Pública a los directorios de las empresas del Estado y a toda nueva institución que se cree en lo sucesivo.

El proyecto propone expandir la exitosa experiencia que ha tenido el Sistema ADP en los directorios de CODELCO y ENAP, y en diversos cuerpos colegiados como el Consejo Nacional de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación y el Fondo de Infraestructura del MOP, a los directorios de las empresas públicas del Sistema de Empresas Públicas (SEP), fijando este procedimiento basado en mérito, abierto y competitivo, como la regla general de ingreso. 
Al mismo tiempo, incorpora nuevos cargos a la Alta Dirección Pública y establece que toda nueva institución que se cree en lo sucesivo sea adscrita al Sistema ADP.

Crea oportunidades de desarrollo y movilidad en la Alta Dirección Pública, para gestionar el talento y promover mejores desempeños.

La autoridad facultada para el nombramiento podrá solicitar al Consejo de Alta Dirección Pública transferir a un alto directivo público de una posición a otra al interior del sector o servicio que corresponda, por motivos fundados y en la medida que cumpla con el último perfil aprobado por el Consejo, lo que deberá ser aprobado por cuatro quintos de sus integrantes. Esta iniciativa busca generar movilidad horizontal al interior del Sistema ADP, al mismo tiempo que resuelve necesidades urgentes de la autoridad para velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos y la provisión de servicios a la ciudadanía. 

Establece que las decisiones de continuidad de los directivos de segundo nivel jerárquico deban basarse en mérito.

La decisión de continuidad o egreso de un ADP de segundo nivel jerárquico (unos 1000 cargos de directores regionales y subdirectores de servicios públicos) debe fundarse en motivos de desempeño y mérito, con el fin de seguir avanzando en la profesionalización del Estado, con una mirada de largo plazo, entregando mayores oportunidades de continuidad a los directivos de comprobado buen desempeño.

Dota a la Dirección Nacional del Servicio Civil de mayores facultades en el diseño estratégico de políticas de personas, análisis de dotaciones, coordinación de la capacitación, selección y movilidad horizontal de los servidores públicos.

Esta iniciativa legal fortalece en forma sustantiva la Dirección Nacional del Servicio Civil, entregándole atribuciones en diversos ámbitos, como diseñar una estrategia de largo plazo para el desarrollo de las capacidades necesarias de los funcionarios públicos para la entrega de mejores servicios a la ciudadanía; e identificar prospectivamente las necesidades de capacitación en los servicios públicos, diseñando programas y planes de formación costo efectivos, de interés común, que permitan mejorar el desempeño de las instituciones públicas, e instruyendo a los jefes de servicio sobre su implementación. 

El proyecto también propone que la Dirección Nacional del Servicio Civil pueda instruir y supervisar el cumplimiento de los principios de mérito e idoneidad en los procesos de reclutamiento y selección del personal en los servicios de la Administración del Estado.

Finalmente, entrega también a esta Dirección Nacional la administración de un registro electrónico de funcionarios del sector público, que permita promover y estimular la movilidad horizontal de los funcionarios públicos, entregándoles mayores oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional y laboral.