Junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y otros miembros del gabinete, además de parlamentarios de todos los sectores y representantes de las y los trabajadores, de Mipymes y grandes empresas, hoy el Presidente Gabriel Boric promulgó el histórico incremento del salario mínimo, junto con mecanismos que apoyarán a los hogares más vulnerables a enfrentar el alza del costo de la vida.

El mandatario celebró que la nueva Ley de la República contó con un respaldo social amplio al ser fruto de un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), asociaciones de Mipymes y negociaciones con los parlamentarios de todas las fuerzas políticas. “En este Gobierno siempre van a estar abiertas las puertas del diálogo y la conversación porque queremos ser el Gobierno de las y los trabajadores. Quiero valorar muchísimo al acuerdo al que se ha llegado con las pymes. El acuerdo al que se ha llegado con las pymes es particularmente importante porque nos recuerda, como decía al comienzo, de que acá nadie se puede quedar atrás”, destacó el Presidente Boric.

Por su parte, el ministro Marcel, detalló que “la ley que hoy día se está promulgando contempla que si la inflación a diciembre llega a 7%, en 12 meses, a contar de enero el ingreso mínimo  aumentará a $410.000. Junto con eso también se va a reajustar, en la misma proporción, la Asignación Familiar y el Subsidio Único Familiar (SUF) y al mismo tiempo se va a ir ajustando el complemento por costo de la canasta básica de alimentos, en función de la inflación pasada. Entonces, vamos a tener, por así decirlo, un triple mecanismo de protección”.

Este proyecto contiene varias características inéditas. Primero fue resultado de un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, después de 6 años de negociaciones infructuosas. Segundo, es el mayor incremento en los últimos 25 años con un reajuste de 14,3%, que se concretará en dos fases: subirá de los $350.000 actuales a $380.000 a partir de ese mes, y a $400.000 en agosto. Tercero, incorpora nuevos elementos como un subsidio especial a las Pymes para ayudarlas a complementar el aumento de remuneración de sus trabajadores, y un apoyo especial a las familias considerando el alza en el costo de la vida. 

Cabe destacar que el histórico incremento, que se elevará a $410.000 en enero de 2023 si la inflación a 12 meses en diciembre próximo supera el 7%, va acompañado de otras importantes medidas, las cuales fueron fruto de un trabajo prelegislativo, mediante el cual el gobierno firmó acuerdos con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y con diez organizaciones de Mipymes.

Entre éstas figuran un reajuste de la Asignación Familiar y Maternal y el Subsidio Único Familiar (SUF), cuyos causantes, 2,1 millones y 1,2 millones respectivamente, recibirán además un innovador aporte mensual por el concepto de Canasta Básica Protegida (CBP). Con el objetivo de compensar el efecto del incremento del costo de la vida en los hogares más vulnerables del país, este beneficio también se dirigirá a los 41.462 causantes del Programa Seguridades y Oportunidades y de Chile Solidario, totalizando así 3,3 millones de beneficiarios.

Es importante considerar que el aporte de la CBP se irá ajustando mes a mes en base a la inflación anualizada de la canasta básica de alimentos. De esta manera, la CBP que se otorgará en mayo será de $7.342 dado que esa fue la variación de la canasta entre abril 2021 y abril 2022. Este beneficio se extenderá hasta abril de 2023.

Otro elemento relevante e innovador, de esta nueva Ley de la República, será el subsidio en apoyo a un total de 180.000 Mipymes para que el incremento del salario mínimo no vaya en desmedro del empleo. Según quedó establecido, por trabajador afecto al aumento, estas empresas recibirán $22.000 a partir de mayo, $26.000 desde agosto y en caso de que enero se aplique el reajuste por inflación al sueldo mínimo, el aporte aumentará a $32.000, hasta la próxima negociación del salario mínimo.

Por otra parte, entre las indicaciones que se agregaron a la iniciativa en su paso por el Congreso, se cuenta el adelanto, desde el 1 de julio al 1 de junio, del primer reajuste de la Pensión Garantizada Universal (PGU), para lo cual se considerará la inflación registrada entre febrero y de este año, lo que beneficiará a 1.923.141 pensionados.

Cabe destacar que, en su origen, el proyecto contemplaba un costo de $274.679 millones a 2022. En base al diálogo con parlamentarios, las indicaciones en la Cámara adicionaron $36.275 millones y las del Senado otros $18.207 millones, de manera que el proyecto tendrá un costo fiscal total de $329.161 millones este año.