El ministro de Hacienda, Mario Marcel Cullell, junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, presentaron este miércoles a las comisiones de Hacienda de ambas cámaras del Congreso el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al primer trimestre de 2025. Este informe es el primero en cumplir a cabalidad con la nueva Ley que promueve la responsabilidad y la transparencia en la gestión financiera del Estado, que establece que ante la desviación de la meta fiscal se debe presentar un plan de acciones correctivas para converger a la meta de Balance Cíclicamente Ajustado (BCA), y que en esta oportunidad consolida los esfuerzos y reformas que se implementarán en materia de ingresos y de gasto público. 

En su exposición, las autoridades actualizaron las cifras fiscales al cierre de 2024 tras la publicación de las Cuentas Nacionales del Banco Central el pasado 18 de marzo. Así, el balance efectivo resultó equivalente a –2,8% del Producto Interno Bruto (PIB) del año, mientras que el Balance Cíclicamente Ajustado (BCA) fue de -3,3% del PIB. Dos tercios de la diferencia respecto a la meta de balance estructural de –1,9% del PIB definida en 2022, responde principalmente a los menores ingresos tributarios no mineros y a un precio del litio más bajo de lo proyectado cuando que se elaboró la Ley de Presupuestos 2024. El otro tercio se explica porque el precio del cobre resultó mayor a lo estimado en el erario –e incluso mayor al esperado por el Comité Consultivo de expertos-, lo que derivó, por el funcionamiento de la regla fiscal, en una disminución de los ingresos estructurales, acrecentando la diferencia respecto del déficit estructural esperado. 

Mientras que la deuda bruta del Gobierno Central en 2024 cerró en 41,7% del PIB, bajo el 42,3% contemplado en el IFP de febrero, e inferior al nivel prudente de 45% del Producto.

Acciones correctivas 

Las autoridades presentaron la hoja de ruta para retomar la senda de sostenibilidad fiscal, que se describe en el documento “Cumplimiento Ley de Responsabilidad Fiscal: Acciones correctivas para la convergencia fiscal”.  

Este documento contempla una serie de acciones que se implementarán para generar un mayor espacio fiscal, tanto en materia de ingresos como de gasto. Por el lado de la recaudación, se están adoptando las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en torno a la asistencia técnica solicitada a raíz del Acuerdo Marco alcanzado entre el Ejecutivo y el Congreso durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2025, para fortalecer la metodología de estimación de los ingresos tributarios en el corto y mediano plazo. 

En general, el FMI tras una revisión exhaustiva determinó que en los últimos 25 años la proyección de ingresos en Chile ha mostrado gran volatilidad, señalando que países como Francia y Corea del Sur también han enfrentado desvíos en su proyección de ingresos tras la pandemia. En su informe realizó 13 recomendaciones distribuidas en tres ejes: institucionalidad, metodologías de estimación y análisis de diferencias. En menos de tres meses desde la visita del Fondo al país hasta la publicación de este IFP, la Dipres ha implementado seis de las 13 sugerencias. Nuevas acciones se irán incorporando en los próximos Informes. 

Respecto del gasto público, se proponen un conjunto de acciones para generar mayor espacio fiscal equivalente a un 0,58% del PIB durante este año, que incluyen ajuste de gastos, medidas administrativas y modificaciones legislativas. La autoridad se comprometió a seguir buscando espacios de mayor eficiencia del gasto –como se ha hecho durante toda la gestión de este Gobierno-, lo que se reforzará con la implementación de una agenda robusta de revisiones del gasto a sugerencia de la OCDE. Cabe señalar, que, en línea con lo recomendado del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), se deben ajustar gastos de manera permanente, y dada las características de nuestra estructura presupuestaria, ello implica medidas legislativas. En ese contexto, el Ejecutivo ingresará y dará prioridad a proyectos de ley que permitirán ajustar el gasto público y de esa manera llegar a la meta fiscal. Entre algunos proyectos de ley que permitirían reducir el gasto público estaría el nuevo Financiamiento para la Educación Superior, que propone una cobranza más eficiente; mientras que otros podrían aumentar los ingresos como la reforma paramétrica al Subsidio de Incapacidad Laboral.

La directora de Presupuestos resaltó que “durante este año se han realizado y se seguirán realizando esfuerzos significativos para reasignar gasto y hacerlo más eficiente, pero estas acciones tienen un límite y la OCDE lo estimó en hasta un 0,13% del PIB en el largo plazo. En Chile, el 92% del gasto público corresponde a obligaciones legales, a la administración del sistema judicial y orden público o a la ejecución de inversión pública. Por lo tanto, no existe una gran holgura que pueda ser recortada sin perjudicar la provisión de bienes y servicios del Estado a la ciudadanía. Hay espacio para mejorar la calidad del gasto público, pero ajustes fiscales relevantes necesitan modificaciones legales”.

Resumen acciones correctivas 2025-2029
(millones de pesos 2025 y % del PIB

Actualización de proyecciones

El mayor déficit estructural de 2024 implica que el punto de partida para la convergencia fiscal de los próximos años está más distante de lo estimado en 2022 -en parte por el funcionamiento de la regla fiscal- el Ejecutivo definió que para 2025 la meta de Balance Cíclicamente Ajustado será un –1,6% del PIB, un cambio desde el –1,1% del Producto esperado al inicio del Gobierno. El déficit efectivo, en tanto, se proyecta en –1,4% del PIB para el término del año. Esta nueva meta fiscal requerirá un nuevo Decreto de Política Fiscal, el cual ya está en tramitación.  

“La nueva trayectoria fiscal propuesta es desafiante y ambiciosa, y a la vez es responsable y sostenible. Es nuestro compromiso con el país para retornar a la trayectoria que nos permitirá tener un balance estructural de 0% del PIB en 2029. Además, es el reflejo de un trabajo sin precedentes de parte de la Dirección de Presupuestos, que está modernizando la institucionalidad de los ingresos fiscales al mismo tiempo que ha encontrado nuevos espacios de eficiencia para que los recursos públicos se destinen a lo que se necesitan”, añadió la directora de Presupuestos. 

El escenario propuesto para 2025 es consistente con un crecimiento esperado de 2,5% del PIB. Cabe notar que el cierre estadístico de este IFP fue el 27 de marzo, en un contexto de alta incertidumbre internacional por el shock de proteccionismo que enfrenta el mundo, y cuyos efectos son aún difíciles de anticipar, en parte por la volatilidad de las mismas políticas. Las posibles desviaciones respecto de los supuestos base son sensibilizadas en los escenarios alternativos del informe. 

El ministro de Hacienda explicó que “para este Informe Finanzas Públicas decidimos tener un escenario macroeconómico de continuidad, no hicimos cambios en las proyecciones para dar cuenta del eventual impacto de las medidas arancelarias en Estados Unidos. Esto lo hemos hecho por una razón, llamémosle de transparencia y metodológica. Primero, porque La situación externa es todavía muy fluida, con medidas en direcciones opuestas que se suceden casi a diario. El mismo FMI advierte que (sus proyecciones) están sujetas a mucha incertidumbre, entonces nos parece más útil para la comprensión mantenerlas separadas del análisis del impacto de la actual coyuntura. Hay que tomar en cuenta que, dado el carácter exógeno del shock actual, gran parte de su efecto fiscal va a ser recogido por los estabilizadores automáticos del presupuesto en lugar de la medición del balance cíclicamente ajustado. Para poder tener una actualización plena de proyección necesitamos tener datos más sólidos sobre los cuales apoyarnos”.

En el plano fiscal para este año, y considerando la implementación de las acciones correctivas antes descritas, se estima que los ingresos efectivos del Gobierno Central alcanzarían $76.594.161 millones (equivalentes a 22,9% del PIB). Esta proyección considera el escenario macroeconómico esperado para 2025, la recaudación efectiva de 2024, los ingresos percibidos en enero y febrero de este año y las mejoras metodológicas ya implementadas para este informe. En tanto, se proyectan ingresos cíclicamente ajustados por $75.861.190 millones (22,7% del PIB) y que el gasto público totalizaría $81.379.237 millones (24,3% del PIB). Al cierre del ejercicio presupuestario, el stock de deuda bruta del Gobierno Central totalizará US$143.810 millones, equivalente al 42,3% del PIB efectivo del período.

Balance del Gobierno Central Total 2025 con acciones correctivas
(millones de pesos 2025 y % del PIB(1))

 
(1) PIB proyectado en cada informe.
Fuente: Dipres.

Sin las acciones correctivas que está impulsando el Ejecutivo, los ingresos efectivos habrían alcanzado los $75.797.937 millones (22,7% del PIB) y los ingresos cíclicamente ajustados serían $75.064.967 millones (22,4% del PIB). El gasto llegaría a $81.591.862 millones (24,4% del PIB), lo que derivaría en un balance efectivo de –1,7% del Producto y en uno estructural de –2,0% del Producto.

“Lo que va a quedar como tarea para una próxima administración en términos de cuánto más sería necesario ajustar el balance estructural, es menos de un punto del Producto. Un punto del Producto distribuido en cuatro años, para mirarlo de manera simplista, es un cuarto de punto por año. Nosotros durante este período hemos reducido el balance fiscal, excepto lo que ocurrió en 2024 en más de un punto del Producto y este año solamente lo vamos a reducir en más, prácticamente un punto y medio del Producto. Entonces, en términos de esfuerzo fiscal, el esfuerzo fiscal está puesto acá y eso deja un camino mucho más despejado a una próxima administración”, remarcó el ministro Marcel.

Mediano plazo

En cuanto al mediano plazo, el balance cíclicamente ajustado se estima para 2026 de un déficit estructural de –1,1%; para 2027, de –0,75%; en 2028 se moderaría a –0,5%, y en 2029 se alcanzaría el balance estructural equivalente a 0% del PIB. 

Gobierno Central Total 2026-2029 con acciones correctivas
(millones de pesos 2025 y % del PIB)

El nuevo Decreto de Política Fiscal en tramitación, atendiendo la regla dual establecida en la nueva legislación, mantendrá como nivel prudente de deuda el 45% del PIB implementado desde el primer año de la presente administración. Cabe recordar que en el primer IFP elaborado por este Gobierno (IT2022), se estimaba para 2025 y 2026 una deuda bruta equivalente a un 43,9% del PIB. El presente IFP propone que la deuda finalizará este año en torno a un 42,3% del PIB, por debajo del nivel prudente y de lo proyectado al comienzo de la administración. Para 2029, el último año considerado en el horizonte de proyección, el indicador se reduciría a un 40,0% del PIB de implementarse las acciones correctivas durante los años siguientes, cumpliendo el compromiso de esta administración de sentar las bases para una mejor trayectoria fiscal del país hacia el futuro.