La Sala del Senado aprobó en general y particular el proyecto de Ley que Promueve la Responsabilidad y Transparencia en la Gestión Financiera del Estado, antes conocido como proyecto que modifica la Ley N°20.128 de Responsabilidad Fiscal. Ahora, la iniciativa deberá volver a la Cámara de Diputadas y Diputados para su tercer trámite legislativo. Este proyecto forma parte del fast track legislativo del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, recalcó que “este es un proyecto que busca dar un paso adicional en la institucionalización de nuestra política fiscal, fortaleciendo la aplicación de reglas, pero también regulando las situaciones en las cuales esas reglas no se puedan cumplir. Además, se establece un procedimiento a través del cual se pueden invocar esas excepciones y el cual también obliga a retornar al cauce de la política fiscal una vez superadas las emergencias”.

En tanto, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, resaltó que “con el avance de este proyecto de ley seguimos robusteciendo la institucionalidad fiscal de Chile, poniéndola a la vanguardia a nivel mundial gracias a la incorporación de temas tan relevantes como las cláusulas de escape que podrán activarse ante eventos extraordinarios acotados, o la definición a nivel legal de la regla dual, complementando la regla de balance estructural con un ancla de deuda bruta del Gobierno Central”.

Este proyecto ingresó al Congreso en septiembre de 2021. Durante su tramitación en el Senado, el Ejecutivo presentó dos paquetes de indicaciones, de los cuales el segundo fue elaborado a partir de reuniones de trabajo en una mesa técnica entre asesores parlamentarios y equipos de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Ministerio de Hacienda.

Las indicaciones del Ejecutivo

Entre las indicaciones del Ejecutivo aprobadas por el Senado en el segundo trámite, se encuentra la introducción de una regla dual dentro del Decreto de Política Fiscal que debe presentarse al inicio de un nuevo gobierno con las metas de Balance Estructural. El decreto deberá contener un pronunciamiento explícito sobre las implicancias y efectos que tendrá sobre el Balance Estructural en cada año de gobierno, y un ancla de deuda de mediano plazo, medido a través de la Deuda Bruta del Gobierno Central.

Adicionalmente, en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) a publicar inmediatamente después de que el Ministerio de Hacienda dicte dicho decreto, se deberá incorporar un pronunciamiento sobre el rol de la política de activos del Tesoro Público durante el ejercicio.

Otra innovación es que se introducen las Cláusulas de Escape, que permitirán desviarse de las metas fiscales ante eventos extraordinarios y transitorios, ajenos al accionar propio de la administración, y cuando ocasionen un deterioro significativo en la actividad económica, el empleo o perjudiquen considerablemente la situación financiera o sostenibilidad económica y/o social del país, y que deban ser enfrentadas con un desembolso de recursos fiscales más allá del que permitan los objetivos de Balance Estructural y endeudamiento, por un plazo de hasta dos años. A modo ejemplar, se especifica que causales de activación de estas cláusulas serían situaciones tales como la ocurrencia de uno o varios desastres naturales, así como eventos nacionales o internacionales que ocasionen un deterioro significativo de las condiciones macroeconómicas.
 
Además, se entrega una nueva función institucional al Consejo Fiscal Autónomo (CFA): evaluar y monitorear las proyecciones de los indicadores que guíen las reglas fiscales vigentes, y de los activos financieros del Tesoro Público para el año en ejecución, el presupuestado y aquellos comprendidos en el programa financiero de mediano plazo, incluyendo los escenarios alternativos.

Entre otras indicaciones, se deberá informar sobre el cumplimiento de las metas tras el cierre definitivo de cada año fiscal; y que la sustitución del decreto será exclusivamente cuando se active una Cláusula de Escape o por otras causales extraordinarias, justificándose e informándose de manera detallada al Congreso y al CFA, el cual deberá emitir una opinión fundada respecto al nuevo decreto.
 
“Este proyecto de ley incorpora ajustes de tal manera que se fortalezca la regla fiscal y crea una cláusula de escape para aquellas situaciones excepcionales en las cuales no se pueda cumplir con dicha regla. Fortalece al Consejo Fiscal Autónomo desde el punto de vista de sus recursos y su operación y, al mismo tiempo, agrega una serie de disposiciones ligadas a la gestión de activos y pasivos públicos, particularmente a través de las normas de operación de los fondos soberanos, así como a través del programa de formadores de mercado que permite desarrollar el mercado de deuda pública sin necesariamente incrementar los compromisos fiscales”, explicó el ministro Marcel.