El Senado inició la tramitación de la reforma previsional presentada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, luego de su aprobación por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, en enero de este año. 

En concreto, los ministros del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y de Hacienda, Mario Marcel, comenzaron con la exposición de los alcances del proyecto en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside la senadora Loreto Carvajal. Ambas autoridades estuvieron acompañadas por el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, quienes también intervinieron en la presentación. 

“El diálogo recién se inicia. El Presidente nos ha mandatado a tener apertura para buscar fórmulas que nos permitan subir el monto de las pensiones, que es el objetivo de esta reforma previsional. Pero sin duda, si el debate se lleva a que todo el aporte del empleador vaya a la capitalización individual, eso sería muy complejo, porque significaría que las pensiones no subirían hasta en 25 años más”, dijo la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara. 

Agregó que “lo decimos con esta certeza, porque los estudios técnicos que se han levantado indican que si el 6% se va completo a capitalización individual no permitiría hoy día subir las pensiones a un millón y medio jubilados (…) Todas aquellas personas que bordean los 50 años, los 45 o los 42 años se demorarían mucho más en acumular individualmente en su cuenta que obteniendo los beneficios del Seguro Social, para subir el monto de su pensión. En esa tarea estamos”. 

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reiteró en su exposición la necesidad de que existan recursos adicionales para aumentar la PGU y para que el Estado pueda financiar como empleador el alza en 6 puntos porcentuales de la cotización por funcionario. "Dados los compromisos de gasto, la sustentabilidad de los compromisos fiscales para el pago de pensiones está ligada a cualquier materia que se quiera hacer en materia fiscal. Aquí están citadas dos declaraciones del Consejo Fiscal Autónomo, en que se reitera algo que hemos repetido hace muchos años y muy correctamente: gastos permanentes tienen que financiarse con ingresos permanentes. Y en el caso de beneficios futuros, se advierte que, en ausencia de nuevas fuentes de financiamiento estructurales, que puedan provenir del crecimiento tendencial o de nuevos ingresos tributarios, el crecimiento del gasto público hasta el 2028 debiera ser muy acotado. Todo esto nos indica que lo que lo que queramos agregar como beneficios de cargo fiscal deben tener su financiamiento".

La exposición de la reforma previsional se retomará la próxima semana, en una segunda sesión de la mencionada Comisión. 

Objetivos de la reforma

En esta primera parte de la presentación, los ministros enunciaron el contenido de la propuesta de reforma previsional del Gobierno. En ese sentido, se indicó que es necesario aumentar en forma sustentable las pensiones de los actuales y futuros pensionados y pensionadas. En esa misma línea, se busca elevar el monto y la densidad de cotizaciones, incrementando la capacidad de acumulación de ahorros a lo largo de la vida; y reducir las brechas de género, aumentando el monto de las pensiones y tasas de reemplazo de las mujeres. 
Además, se establece la creación de un Seguro Social y un Fondo Integrado de Pensiones financiado por los empleadores, que permita sentar las bases de un sistema mixto contributivo y alinear al país con la gran mayoría de los Estados miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
De la misma forma, se plantea elevar el retorno financiero de los aportes al sistema y la acumulación de fondos, reduciendo los costos de administración y las comisiones, alentando la entrada de nuevos competidores, reduciendo las necesidades de liquidez y elevando la eficiencia. También se tiene por objetivo fortalecer la libertad de elección de los afiliados, mediante la creación de una entidad pública de gestión de inversiones.

Por otro lado, se busca reducir significativamente la exposición a riesgos individuales de vejez en el sistema de pensiones, especialmente en ámbitos donde demostradamente las decisiones de los individuos han llevado a un empeoramiento de las pensiones. 

Antecedentes

En la presentación, los ministros también compartieron los antecedentes generales que originaron el proyecto, exponiendo acerca del desarrollo de la seguridad social en Chile, incluyendo la sustitución del sistema antiguo por el Decreto Ley 3.500, que rige el actual sistema de pensiones; la creación del Pilar Solidario, en 2008; y la posterior Pensión Garantizada Universal (PGU), en 2022.

A lo anterior se sumaron los proyectos de reforma de los expresidentes Michelle Bachelet, en 2017, y Sebastián Piñera, en 2021, además de la actual iniciativa, presentada en noviembre de 2022. Del mismo modo, se detalló el gasto fiscal en materia previsional que hoy equivale a 4% del Producto Interno Bruto (PIB) y a 16% del gasto público total. Además, se señaló que para el 50% de los jubilados el Estado financia el 60% o más de su pensión final. 

Por otro lado, se enumeraron los problemas del Pilar Contributivo del actual sistema, como, por ejemplo, las bajas pensiones y tasas de reemplazo. En ese sentido, se detalló que la mediana de la tasa de reemplazo autofinanciada para hombres es de un 27%, mientras que en el caso de las mujeres es de apenas 11%, demostrando, además, la brecha de género del sistema. 

A lo anterior se suma, entre otros aspectos, la baja tasa de cotización para ahorro previsional (10% de la renta imponible), la profunda brecha de género en desmedro de las mujeres, la decreciente rentabilidad del sistema, el alto margen de ganancias de las AFP y su bajo riesgo operacional. 

Respecto de este último punto, se expuso que los gastos operacionales de las AFP crecieron un 3% real entre 2017 y 2023, mientras que sus ingresos, en el mismo período, lo hicieron en un 22% real, producto principalmente del aumento de la masa salarial. Del mismo modo, se apuntó que las comisiones cobradas por las administradoras se destinan, principalmente, a gastos de soporte y marketing, equivalentes al 93% de sus gastos de operación, mientras que el 7% restante se destina a Inversiones.

Lo anterior significó que el precio que pagaron los afiliados por el servicio previsional entre 2017 y 2023 fue 19,6 veces el precio del servicio del Seguro de Cesantía y el margen sobre costo de las AFP fue 3,4 veces el de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC). Por lo mismo, las autoridades expusieron que las actividades de soporte no registran grandes diferencias entre ambas instituciones, ya que, por ejemplo, mientras la AFC administra 11,5 millones de cuentas y recauda 5,1 millones de cotizaciones, las AFP gestionan 12,7 millones de cuentas y recaudan 5,8 millones de cotizaciones.

En la presentación también se incorporó la complejidad del actual sistema, lo que lleva a que los afiliados, en varias ocasiones, tomen malas decisiones respecto de sus ahorros previsionales, como es el caso de los traspasos de fondos. Ello se reflejaría en que el 72,3% de los afiliados que han efectuado traspasos han obtenido un peor desempeño en su estrategia que si se hubieran quedado en el Fondo que la normativa define por defecto. La pérdida de rentabilidad mediana asciende a 5,7%, lo que implicaría una disminución de 0,8% anual de rentabilidad.