En una nueva sesión de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó una serie de ejercicios de estimaciones de tasas de reemplazo con la reforma de pensiones del Ejecutivo, considerando la Pensión Garantizada Universal (PGU), en el marco de la tramitación de la reforma de pensiones.

Tras esta presentación que se suma a dos anteriores comprometidas con los parlamentarios, el proyecto estaría en condiciones de ser votado en general el próximo 25 de enero, de acuerdo con el cronograma que había establecido la misma instancia legislativa.

El ministro Marcel explicó que la reforma eleva las tasas de reemplazo en 16 puntos porcentuales para los actuales pensionados y 25 puntos porcentuales en régimen. Para los actuales, señaló, que un 25% del aumento de la tasa de reemplazo se explica por la PGU y un 75% por el Seguro Social; mientras que, en régimen, un 36% se explica por la PGU y un 64%, por el Seguro Social.

Sin reforma, las tasas de reemplazo decrecen nueve puntos porcentuales en régimen; mientras que con reforma, las tasas de reemplazo se mantienen relativamente estables en régimen. Asimismo, explicó que para las mujeres la reforma sube la tasa de reemplazo de las actuales pensionadas en 19 puntos porcentuales versus 23 en régimen; para los hombres, de 14 a 19 puntos porcentuales.

Respecto a la situación actual, el secretario de Estado manifestó que, las tasas de reemplazo son decrecientes según años cotizados: de 66% a 50%, es decir caen 16 puntos porcentuales. Y si el esquema sólo contiene un aumento de la PGU, la tendencia decreciente según año cotizado se acentúa, con una caída de 22 puntos porcentuales. “Con la reforma, las tasas de reemplazo tienden a estabilizarse hasta 25 y 30 años cotizados y con más de 30 años cotizados caen en diez puntos porcentuales, bastante menos que sin la reforma, lo que muestra que la mejora en la tasa de reemplazo es mucho mayor mientras mayor sea la cantidad de años cotizados”, remarcó.

En valores absolutos, mencionó Marcel, “la mediana de las pensiones para los actuales pensionados, queda con una relación directamente proporcional a los años cotizados, pasando de $237.828 hasta cinco años cotizados a $538.577 más de 30 años y en régimen a $972.213 para más de 30 años cotizados”.

Por su parte, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, señaló que “la reforma previsional es muy esperada por la ciudadanía, ya que aumentará las pensiones inmediatamente, y también las futuras, con un especial énfasis en las mujeres. Es por ello que, como Ejecutivo, hemos dado cumplimiento a todo el cronograma que ha establecido la comisión de Trabajo, y desde que se presentó el proyecto, a inicios de noviembre, hemos concurrido a las sesiones con el objetivo de dar a conocer todos los antecedentes del proyecto que fueron solicitados por los parlamentarios. Así, se fueron dando las condiciones de la discusión para que el proyecto sea votado en general el próximo 25 de enero. Creemos que la discusión no puede eternizarse porque las personas necesitan que esta reforma avance”.

Recuento de la tramitación

Cabe recordar que la reforma de pensiones ingresó al Congreso el 7 de noviembre. Al día siguiente, los ministros Jara y Marcel iniciaron su presentación ante la comisión de Trabajo de la Cámara, la que se extendió por dos sesiones adicionales en las que expusieron los documentos que acompañan al proyecto: el Informe Financiero y el Informe de Impacto Regulatorio.

Este último documento refleja que, junto con una mejora en las pensiones, la iniciativa legal, que se tramita con suma urgencia, también impacta positivamente en otras áreas como el empleo, el mercado de capitales local y en el PIB per cápita del país.

Además, a solicitud de los parlamentarios de la comisión de Trabajo, el Gobierno ha expuesto en tres sesiones más entregando estudios específicos.

El 20 de diciembre, el Ejecutivo expuso ante la instancia los beneficios que se obtienen con la separación de funciones entre inversores privados y público, que gestionen e inviertan los fondos de los afiliados, y un administrador público autónomo que se dedique a las labores de soporte (información a usuarios, cartolas, afiliación, pagos de pensiones, etc.); se revisaron las rentas económicas de las AFP,  sus costos operacionales, gastos en soporte y en gestión de fondos, y sus  márgenes de ganancias, entre otros aspectos de la industria actual.

En la oportunidad, las autoridades destacaron que estos cambios permitirán bajar comisiones a través del ente público de inversiones, disminuir las barreras a la entrada para nuevos agentes privados, que no deberán asumir los costosos gastos de soporte para competir. Tener un único punto de entrada que será la cara visible de los afiliados, de base pública.

En tanto, el 10 de enero, el Ejecutivo presentó en la instancia el Informe de Evaluación de Sustentabilidad del Fondo Integrado de Pensiones (FIP).

Por último, este martes 17 de enero se expuso ante las diputadas y diputados de la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara.

El proyecto

El proyecto de ley que crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones, y que actualmente se discute en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, tiene como pilares mejorar el monto y cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU), elevándola a $ 250.000, y crear un Seguro Social en el Pilar Contributivo que sea financiado con una cotización adicional de 6% de la renta imponible, de cargo del empleador, que mejorará las pensiones actuales y futuras, sobre todo, las jubilaciones de las mujeres, a través de diversos mecanismos solidarios.

Al mismo tiempo, propone una reorganización de la industria previsional, sin la existencia de las AFP, y en el que convivan un Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA) con nuevos Inversores de Pensiones Privados (IPP), que sólo realizarán actividades de inversión. Asimismo, existirá el Administrador de Pensiones Autónomo (APA), entidad pública fortalecida que sucederá al actual Instituto de Previsión Social (IPS) y que asumirá las diversas actividades de soporte, como afiliación, recaudación, cobranza y pago de beneficios, entre otros.