“Este proyecto de ley viene a materializar una aspiración de las cuatro administraciones precedentes en cuanto a crear una agencia que vele por la calidad, eficiencia, eficacia y coherencia de las políticas públicas y las regulaciones. Proponemos construirla sobre la institucionalidad vigente: la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, reconocida por su carácter técnico e independiente, además del equipo de evaluaciones ex post de la Dirección de Presupuestos”, explicó la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, en el seminario “Agencia Políticas Públicas: productividad y competencia”, organizado por la Red Pro Competencia y la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).

Tras exponer la subsecretaria participó de un panel integrado por Raphael Bergoeing, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP); Kevin Cowan, exvicepresidente de la CMF y académico Escuela de Negocios de la UAI; Ana María Montoya, cofundadora de la Red Pro Competencia y académica de la Escuela de Gobierno de la UAI; y Jorge Atton, ex subsecretario de Telecomunicaciones y actual director de 3xi, más la moderadora Vanessa Facuse, abogada socia de Bofill, Escobar, Silva y cofundadora de Red Pro Competencia.

La subsecretaria recordó que esta iniciativa legal es parte del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal y una de las cinco reformas para modernizar el sector público incorporadas en el fast track legislativo acordado para 21 proyectos de ley con el Congreso. Destacó que Chile cuenta con una larga trayectoria en materia de evaluación de programas e inversiones públicas, reconocida internacionalmente; pero que se detectó la necesidad de un cambio para cubrir ámbitos que no están siendo sistemáticamente abordados, como la evaluación de impacto regulatorio, y la necesidad de un aumento en la escala de las evaluaciones ex post: “Anualmente se realiza evaluación de resultados (ex post) de a lo más 8% de la oferta programática; con la creación de la Agencia buscamos evaluar la totalidad (700 programas) durante cada período de Gobierno, además de sumar la evaluación de políticas y el impacto regulatorio”, detalló.

Entre las funciones de la Agencia estarán dictar directrices y lineamientos para la estandarización de los procedimientos técnicos de evaluación de diseño de programas sociales y no sociales nuevos o que requieran reformularse significativamente, y los procesos de seguimiento (directrices que deberán ser considerados por la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dipres en sus respectivas competencias); hacer recomendaciones respecto de la metodología utilizada en dichos procesos y opinar sobre eventuales modificaciones, resguardando su estandarización, coordinación y calidad; evaluar, por sí o a través de terceros, políticas, planes y programas sociales y no sociales de la Administración del Estado definidos en el Plan Anual de Evaluación, y elaborar el Plan Anual de Evaluación de Resultados.

La subsecretaria destacó que tendrá la facultad de solicitar a otros órganos del Estado información y antecedentes necesarios para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, incluyendo aquella información bajo secreto tributario y estadístico.

Respecto de la gobernanza, detalló que constará de un Consejo conformado por un presidente(a) y cuatro consejeros(as), remunerados con dieta por asistencia, designados por el Presidente de la República a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública, con el voto favorable de cuatro quintos de sus miembros y durarán 5 años; podrán ser renovados por un período consecutivo (se irán cambiando por parcialidades, a razón de uno por año). El jefe superior del servicio será un director ejecutivo sujeto al Sistema ADP y durará 3 años en su cargo, renovable hasta dos veces.

En respuesta a los planteamientos surgidos en el panel, Berner explicó que. dado que esta nueva institucionalidad se construye a partir de la existente, no implica un aumento relevante de gasto público. Respecto al real impacto de las recomendaciones de la Agencia en las políticas públicas replicó: “Serán vinculantes por cuanto no debería haber un proyecto ley o reglamento con implicancia en algún mercado sin que cuente con un informe de evaluación regulatoria ex ante de la Agencia. Y respecto a la evaluación ex post de programas lo será por cuanto tiene que supervigilar el plan de cumplimiento de sus recomendaciones, lo que no significa que le va a decir a los servicios como hacerlo, ya que la autoridad correspondiente decidirá la mejor forma de llevar a cabo las recomendaciones”.

Asimismo, enfatizó que: “El foco de la Agencia será evaluar para mejorar, no para terminar programas. El 80% del presupuesto de cualquier país, está anclado a leyes permanentes tipo Subsidio Único Familiar, Aporte Familiar o Pensión Garantizada Universal, pero eso no significa que no pueden ser evaluados y mejorar su procedimiento de entrega u otros aspectos”.