Chile enfrenta un desafío ante el cambio climático que implica el financiamiento de ambiciosas metas. El país representa el 0,24% del total de emisiones de CO2 mundial, y está clasificado como un país “de alta vulnerabilidad” por cumplir con 7 de 9 criterios de vulnerabilidad climá6ca de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Este desafío comprende asegurar financiamiento público y privado. El gasto público climático son los recursos que el Estado destina para la lucha frente al cambio climático. Para avanzar en su identificación, desde el 2020 el Ministerio de Hacienda se encuentra trabajando con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y la colaboración de la Dirección de Presupuestos.

Medir el gasto público en cambio climático permite interiorizar los costos que puede tener el cambio climático para el país por sus efectos en la actividad económica, integrando la perspectiva climática a la planificación de las finanzas públicas. Contribuye a la toma de decisiones de finanzas públicas climáticas con información certera y clara, para contar con financiamiento sostenible en el tiempo, y compatibilizar la toma de decisiones de polí6ca fiscal con la implementación de proyectos y políticas públicas vinculadas a la respuesta nacional al cambio climático. Para poder realizar la medición del gasto público en cambio climático, se requiere una alta inversión de tiempo y capacitación de los equipos de trabajo, y existen barreras que hacen de este proceso una tarea compleja. La estructura del presupuesto nacional no permite distinguir gastos según propósito o temática, debido a la forma de categorizarlos, como, por ejemplo: “gastos en personal”, que hace difícil identificar aquellas actividades e iniciativas relacionadas a cambio climático. En consecuencia, es necesario buscar otras fuentes de información, como bases de datos, que permitan un análisis a nivel de actividades e iniciativas. Para llevar a cabo este proyecto y dimensionar el gasto público en cambio climático de Chile, la Oficina de Finanzas Sostenibles ha debido diagnosticar los vacíos existentes y compilar información de actividades e iniciativas contenidos en el Sistema Nacional de Inversiones, el Banco Integrado de Programas Sociales y No Sociales, y la información levantada a partir del trabajo conjunto con ministerios.